El golpe de Estado es inminente.

En Cataluña no hay ley electoral propia porque requiere 90 diputados (2/3). Ayer 72 diputados dijeron que apoyarían una «ley» de referéndum para romper España, que mola molt més i porque el motxo lo vale.

Aviam nens, se ha acabado el tiempo, vamos a recoger la redacción. Acordaos de poner el título: Mi ley para el butifarrèndum 2. Espero que no os hayáis copiado. A ver, Carlitus, què diu la teva redacció…?

Toda región, barrio o lo que sea tiene dretadecidir si no se lo impiden los tanques: «La única limitación a la legitimidad del ejercicio del dretadecidir que el Tribunal (internacional de justicia) considera vigente es el recurso ilícito de la fuerza».

Cataluña es soberana: «el acto de soberanía que comporta la aprobación de esta ley (…) El pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano (…) El Parlamento de Cataluña actúa como representante de la soberanía del pueblo de Cataluña». El separatismo olvida que el parlamento catalán deriva directamente de la Constitución, a través de la cual se articula mediante un Estatuto de Autonomía.

La Constitución ya no existe: «después de la ruptura del pacto constitucional español de 1978 que representa la anulación parcial y la completa desnaturalización del Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006». Los separatistas olvidan que la Constitución fue aprobada por el 90,5% de los que votaron. El Estatut de 2006 sólo lo aprobó el 74%. Es decir, mientras la Constitución la votó el 62% de los catalanes con derecho a voto, el Estatut sólo fue votado por un misérrimo 36%.

Sólo existe la ley de los separatistas: «Esta ley (…) prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entran en conflicto con ella». Ya no existe el reparto competencial, las leyes orgánicas, el Estatut, la Constitución. El separatismo está por encima de la ley.

Pero en todo lo demás seguimos sin ser soberanos: «las normas de derecho local, autonómico y estatal vigentes en Cataluña en el momento de la aprobación de esta ley se continúan aplicando en todo lo que no la contravengan». Menudo cachondeo, escolti.

Los catalanes estamos frustrados: «Esta ley representa la respuesta democrática a la frustración generada por el último intento (…) de garantizar al pueblo de Cataluña» lo que se arrogaba ilegalmente el Estatuto de 2006. Los de la «frustració» deben ser el 36% del censo que votó el Estatut.

Los separatistas son el pueblo: «Al tomar la trascendental decisión de aprobar esta ley, el parlamento de Cataluña expresa la voluntad mayoritaria del pueblo». Eso sí, en las últimas elecciones el separatismo no llegó al 48% de los votos y el 37% del censo. Por la diferencia de valor de los votos en las provincias, en 2010 CiU+ERC+CUP tenían 76 escaños, en 2012 74 y ahora sólo 72. Mayoría absoluta menguante (sólo el 53% de los escaños), pero muy lejos de los 2/3 requeridos para aprobar un Estatut o nombrar Síndic de Greuges.

No importa cuántos voten ni por cuánto gane el separatismo: «Si el recuento de los votos (…) da como resultado que hay más afirmativos que negativos, implica laindependència de Cataluña», que se declarará 2 días después. Nadie recuerda que en 2007 Artur Mas decía que haría falta un 66% de los votos, y en 2010 más del 60%, para una secesión válida.

Simularemos que no compramos a los medios: «Las administraciones públicas catalanas se han de mantener neutrales en la campaña electoral y abstenerse de utilizar sus recursos presupuestarios para favorecer cualquiera de las opciones». Pero las subvenciones a 362 medios privados y la publicidad institucional sigue, y hace unos días los separatistas votaban que sólo se diera dinero a los medios que anunciaran el prusés.

La ANC y Ómnium/Òdium podrán hacer campaña gratis en medios públicos: el 30% de los «espacios informativos públicos (…) se repartirá entre las organizaciones interesadas acreditadas». Todo muy objetivo.

Las mesas electorales estarán por encima de la ley: «las mesas electorales son órganos independientes y no siguen instrucciones, órdenes ni resoluciones de ninguna otra institución, excepto las dirigidas por la administración electoral (…) y las de la Sindicatura Electoral de Cataluña». Las urnas por encima de la ley y los órganos encargados de cumplirla. Se inventa una «Sindicatura Electoral de Cataluña» de 5 miembros «inamovibles», con sede en el parlamento.

Los interventores y apoderados serán de partidos separatistas, ANC/Òmnium o similares: «Los partidos políticos (…) con representación parlamentaria (…) pueden designar (…) apoderados e interventores. Las organizaciones sociales interesadas en tomar parte del proceso del referéndum pueden presentar su solicitud». Como C’s, PP, PSC y CSQP no tomarán parte en el buti2, todos los interventores serán del Règim.

Se votará en lugares privados o en la calle: «los ayuntamientos pondrán a disposición de la administración electoral del Govern de la Generalitat los locales de su titularidad que se usan habitualmente como centros de votación. En caso de que no sea así» la Gene puede «habilitar locales alternativos». Como los alcaldes no se expondrán a la multa e inhabilitación, el buti2 se hará en centros privados o en la calle.

Los ciudadanos serán obligados a participar en las mesas ilegales: «el presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas censadas en la sección correspondiente, que sean menores de 70 años (…) los cargos de presidente y vocal de las mesas electorales son obligatorios». Eso sí, el cachondeo es tal que si no se presenta nadie, se «podrá ordenar que formen parte» a los «electores presentes en el local».

La Generalitat hará un censo sin permiso de usted y controlará quién no vota: «Corresponde a la administración electoral del Govern (…) facilitar el censo electoral (…) la inscripción en el censo no exige autorización previa por parte del ciudadano». Los separatistas tendrán sus datos de forma ilegal, dolço, y sabrán si vota o no vota.

Esto dice la redacción sobre el buti2 que ayer regurgitaron Puigdemont y sus amigos. Li agrada, dolço?

Por si no lo sabe, la Comisión de Venecia dice lo siguiente sobre los referéndums: si no es legal y no respeta el estado de derecho; si los políticos no cumplen la ley; si no hay información objetiva e igualdad en las campañas; si no está organizado por un órgano imparcial; si las autoridades financian la campaña; y si no hay información sobre las consecuencias, el referéndum está viciado y es una mala práctica. Ací li diem butifarrèndum.

Ahora al gobierno de la nación le toca hacer cumplir la ley sin excitar el victimismo separatista. Hay medios, los hemos explicado, y pasan por la urgente vespa amarilla. Y por dar de una vez importancia a los medios de comunicación y a la propaganda, señor del puro. Y por no creer que esto es un suflé, señor indolente.

Benvingut, dolço, al totalitarisme de Catadisney.

Dolça i totalitària Catalunya…

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