Al.lucinant: el Govern nacional facilita un nou cop d’estat.

La catedràtica de Dret Constitucional Teresa Freixes ens explica a La Razón les conseqüències de l’eliminació del delicte de sedició al Codi Penal que acaba de dur a terme el Govern nacional del PSOE. El título, Una degradación de la democracia, lo dice todo:

«Los condenados y ya indultados seguramente pedirán la revisión de su causa, para conseguir una beneficiosa aplicación retroactiva de la reforma. También les beneficia en los recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puesto que el delito que se les imputaba en los procesos internos habría desaparecido y ello podría propiciar una sentencia condenatoria para España, dado que argumentaron que sus condenas eran desproporcionadas.

Los prófugos también se verían beneficiados. Ya no se les podría condenar por sedición sino que se tendría que aplicar el delito de desórdenes públicos agravados, con una pena mucho menor. Y las órdenes europeas de detención y entrega posiblemente no podrían ser ejecutadas pues se emitieron para poder juzgarles por un delito que ya no existiría.

Quienes estuvieran con los procesos judiciales en trámite únicamente podrían ser juzgados por los desórdenes públicos agravados. Además, la reforma podría tener efectos sobre la inhabilitación conexa al delito primigenio, que podría verse reducida sustancialmente, posibilitando su vuelta a la política activa«.

I què passa amb el Motxo?

«Complica mucho más conseguir su vuelta a España para ser juzgado, pues seguramente será necesario volver a emitir las órdenes de detención y entrega. Además, su caso está también pendiente de resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sin duda resultarán afectadas por el cambio legislativo, si es que éste se consolida. Ello no afecta únicamente a Puigdemont, sino también al resto de prófugos».

La supresión del delito de sedición tiene consecuencias para nuestro sistema político, porque el asalto al mismo sería un delito menor, o sencillamente no sería delito:

«Lo que consta en la sentencia del Supremo como hechos probados no es un simple problema de orden público, ni de orden público agravado, puesto que se trataba de sustituir el orden constitucional vigente por otro sin tener en cuenta los procedimientos establecidos para ello (es la definición de golpe de Estado acuñada por Kelsen) (…) Ahora va a resultar que, en España, aprobar las leyes de desconexión, declarar la independencia, provocar graves disturbios entre la población, realizar referéndums ilegales y malversar fondos para la realización de actividades ilegales va a ser un problema de orden público, como si de una algarada callejera se hubiera tratado».

¿Y la trola de que el PSOE lo hace para equipararse al resto de Europa? Lo curioso es que lo haga ahora, claro, cuando se lo piden los delincuentes. Pero es que además es mentira:

«En el resto de Europa estas conductas están penadas dentro de una horquilla en la que la sedición estaba perfectamente incardinada; incluso en varios países las penas son bastante más elevadas y pueden llegar hasta cadena perpetua. (…) La denominación no es lo importante, pues en cada país los delitos reciben el nombre apropiado a su lengua y a su tradición jurídica. Lo que importa es qué se castiga y qué se quiere proteger con el castigo y eso está penalizado en todos los países democráticos».

El propio sistema se está autodestruyendo, gracias a los partidos políticos:

«Ya desapareció, anteriormente, el delito de rebelión impropia, en el que hubieran podido encajar directamente los hechos de 2017; también el de realización de referéndums ilegales…. No es de extrañar que determinados partidos promuevan esas reformas. Lo que es extraño, en democracia, es que el Gobierno del país en el que tales cosas se promueven entre al trapo y se haga cómplice de esta degradación de la democracia (…) el legislador abjure de los instrumentos legales y legítimos con que el orden jurídico-constitucional pueda defenderse«.

Esta es la consecuencia más grave: el Gobierno nacional pone una autopista al nacionalismo para facilitar el hotornaremafer. Nada se lo impedirá. Es más, el mismo Gobierno lo planea y estimula: indultos, eliminación de las fianzas, eliminación del delito, ajuste del Código Penal para que no penar el próximo golpe, cambio en el TC para lo mismo, nouestatut, butifarrèndum 3 y secesión de facto.

Tot això ja ha arribat, o llegará en los próximos 4 años, seguramente en 2025. Prepárese para la culminación del golpe, esta vez dado por el PSOE y sus socios lazis.

Dolça i traïda Espanya…

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