Sánchez utiliza las mismas mentiras del nacionalismo para justificar su sumisión a racisTorra.

Quan en Quico Homs encara era algú (2015) , se dedicaba a lloriquear que el Gobierno «se ampara en el cumplimiento de la ley» para enfrentarse al separatismo, pero era «el primero» que «se la salta a la torera», porque según él no cumplía con la Disposición Adicional 3ª del Estatuto de 2006: «Solo con que cumplieran con la ley ya resolveríamos buena parte de los problemas que tenemos».

Ese argumento, enésima declinación del espanyansroba, lo repetían el nacionalismo y sus medios del Règim hasta el vómito. Pero para variar era mentira. Lo curioso es que Pedro Sánchez lo use hoy para justificar sus pagos al nacionalismo.

Daniel Tercero, probablemente uno de los mejores catalanes que desliza la pluma, nos explica en ABC el timo de la Disposición Adicional Tercera.

¿Qué dice la famosa Disposición del Estatuto de 2006?

«»1. La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto (PIB) de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas». Y, también: «2. Con esta finalidad se constituirá una comisión, integrada por las Administraciones estatal, autonómica y local». Es decir, el Gobierno tiene que invertir en Cataluña en función del PIB que esta región supone al conjunto de España. Y lo tiene que hacer a partir de 2006 y hasta el año 2013″.

Què va dir el TC sobre la Diposició Adicional 3ª?

«El TC, por su parte, en la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de junio de 2010, acotó la DA3ª en estos términos, tal y como figura en el fundamento jurídico 138 y que a continuación aparece resumido: «Tal disposición no puede tener, en modo alguno, como ahora se dirá, efectos directamente vinculantes para el Estado. Y es que no puede admitirse que la disposición adicional tercera, apartado 1, vincule a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pues respecto de este tipo de compromisos presupuestarios formalizados en un Estatuto de Autonomía hemos dicho que no constituyen ‘‘un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los presupuestos generales de cada ejercicio económico’’, pues es al Estado ‘‘a quien corresponde en exclusiva, atendiendo a la totalidad de los instrumentos para la financiación de las Comunidades Autónomas, a las necesidades de cada una de éstas y a las posibilidades reales del sistema financiero del Estado, decidir si procede dotar, en su caso, y en qué cuantía aquellas asignaciones en virtud de la competencia exclusiva que sobre la materia le atribuye el artículo 149.1.14 de la Constitución (hacienda general)». El TC añadió que, «interpretada» la DA3ª «en esos términos», no era contraria a la Constitución y, por lo tanto, el TC mantuvo intacto el redactado de la DA3ª. Lógico argumento y extraño proceder».

O sea, que la Generalitat no tiene ningún derecho legal a reclamar inversiones, y el Gobierno tiene derecho a invertir lo que le dé la gana. Pero la prensa y los políticos utilizaron la Disposición Adicional 3ª para su campaña de generación de resentimiento, que es como funciona el nacionalismo:

«La Comisión Bilateral Estado-Generalitat se reunió otras siete veces más entre la aprobación del Estatuto (julio de 2006) y la sentencia del TC (junio de 2010). (…) En ese periodo, la DA3ª vinculaba al Gobierno. A partir de la sentencia del TC, no. Esto lo sabían todos los partidos políticos y, cómo no, los medios de comunicación en Cataluña, pese a que ya en 2012, con motivo de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, los primeros de Mariano Rajoy (PP) como presidente, desde El País a La Vanguardia, pasando por portales web como Vilaweb o Nació Digital, se aseguraba que el Gobierno no cumplía con el Estatuto. Desde entonces, año tras año, los primeros mienten y los segundos desinforman. También en 2019. Con el Gobierno como colaborador necesario».

Y la creación artificial de malestar social prosigue con la complicidad del PSOE en el gobierno:

«Llegamos, así, a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del 2 de noviembre de 2017 que obliga al Gobierno a consignar los 759 millones de euros a la Generalitat ya que el acuerdo de la Comisión Bilateral de 2011, al margen de la DA3ª, «no puede considerarse como una mera declaración de intenciones». Una sentencia del TS, por cierto, que rectifica una previa de la Audiencia Nacional de 2015, tribunal al que acudió la Generalitat, por considerar que lo pactado en 2011 en la Comisión Bilateral sí es de obligado cumplimiento, y que dio la razón al Gobierno.

El pasado lunes, María Jesús Montero (PSOE), ministra de Hacienda, en su presentación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados aseguró que el Gobierno solo hacía que «cumplir» con el Estatuto, para defender las inversiones en infraestructuras previstas para Cataluña. Sin embargo, ese «cumplir» no se sustenta en el propio Estatuto, ya que la DA3ª no solo no es vinculante sino que, además, está vencida desde 2013. (…) Todos los protagonistas saben que juegan en falso, pero nadie se atreve a decirlo».

Gràcies, Daniel Tercero, per dir-ho.

Dolça i estafada (pel nacionalisme) Catalunya…

Categories: Economía

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