En medio, todo es antijurídico: la anticonstitucional atribución de la soberanía al pueblo catalán (art. 3); el atentado a la jerarquía normativa, pues la ley autoproclama que “prevalece jerárquicamente” sobre el Estatut y la Constitución (art. 3.2); el carácter “vinculante” del resultado (art. 1), pues si el recuento arroja más votos afirmativos que negativos “implica la independencia” (art. 4.4), cuando los referendos sobre asuntos trascendentes son consultivos (art. 92 de la Constitución). Maltrata y retuerce el Código de Buenas Prácticas de Venecia, que reclama que “debe estar claramente estipulado en la Constitución o por la ley si los referendos son jurídicamente vinculantes o consultivos” (Código, 53).

La autoridad administrativa, o Sindicatura Electoral de Cataluña, que controlaría el referéndum también es ilegal porque sus miembros se elegirían “por mayoría absoluta” parlamentaria (art. 19 de la ley), que son 69 escaños, en vez de por mayoría cualificada de dos tercios (90 escaños). Este último es el baremo mínimo para reformar el Estatut (art. 222) y para aprobar una ley electoral (art. 56), de la que Cataluña carece por no haber logrado en cuatro décadas ese consenso.

Además, Venecia advierte contra esa práctica torticera de cambiar las mayorías por la puerta de atrás: prescribe “evitar que los referendos se usen para minar la legitimidad de las instituciones representativas”, como el propio Parlament (Compilación de opiniones e informes, 10/3/2017, punto 15). Para lo que es imprescindible entablar “serias negociaciones entre todos los actores” (Compilación, punto 25). Y arremete contra el abuso de la mayoría simple: “Partidarios y opositores de la propuesta sujeta a votación deben ser representados de manera igualitaria en las comisiones electorales” que controlen a la autoridad organizadora de la consulta (Código, punto II, 3.1.e).

Para otros detalles habría que verificar el desarrollo de la ley. En todo caso, Venecia advierte contra los censos electorales improvisados: “Deben ser permanentes” (Código, punto 1,2); establece que el Gobierno debe comportarse, si no neutralmente, al menos evitando la “excesiva campaña unilateral” (Compilación, 12); y ordena que “debe prohibirse el uso de fondos públicos por parte de las autoridades con fines de campaña” (Código 3,1).

Queda el asunto de los quórums (de participación y de resultado mínimo). El Código de Venecia los rechaza para las consultas normales. Pero no para las de secesión (si son permitidas por la Constitución), como la de Montenegro: amparó un quórum del 50% del censo y una mayoría cualificada de votos afirmativos, de entre el 55% y el 65%, que al final se fijó en el 55%.

Así que no suena extraño que el presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio, recordase al de la Generalitat, en carta del 2 de junio, que su institución “enfatiza” la “necesidad de que cualquier referéndum se lleve a cabo en pleno cumplimiento de la Constitución y de la ley aplicable”, como el Estatut«.

Doncs sí, la ley el referèndum es la ley que viola todas las leyes, i el nacionalisme és la ideologia trenca tota convivència. Que se sepa: el prusés té de democràcia lo que una ensiamada té de frisbi.

Hora (ara ja sí) de superar el nacionalisme.

Dolça i violada Catalunya…