En el golpe nacionalista existió intimidación contra los ciudadanos.

Ahora que nos acercamos al juicio por el golpe lazi, los nacionalistas van a intentar por todos los medios presentar el golpe como si hubiese sido la fiesta de un esplai. Junqueras ya lo ha dicho: vam repartir clavells i cantar el Virolai.

Conviene, pues, estar vacunado ante la propaganda masiva que van a desplegar ante nuestros ojos. Y para ello rescatamos el artículo que Carlos Pérez del Valle, catedrático de Derecho Penal, exrector de l’Universitat Abat Oliba, dcano de la Facultad de Derecho de la USP CEU y antiguo letrado del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, escribió en El Debate de hoy.

Allí reconoce que «en el centro del debate se encuentra la exigencia de violencia en la rebelión: el art. 472.5º del Código Penal castiga a quienes “se alzaren violenta y públicamente” para “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Por tanto, si se negara la violencia, no podría haberse incurrido en el comportamiento previsto como delito. Por esa razón, la querella de la Fiscalía incide especialmente en esta cuestión y argumenta en torno a dos aspectos: que la violencia no es solo fuerza física, sino que incluye la intimidación, que existiría cuando las dimensiones del alzamiento implican su capacidad intimidatoria; y que la violencia requerida para la comisión del delito abarca también la muestra de disposición a utilizar la fuerza ante la resistencia frente alzamiento.

Sobre el primero de los argumentos Pérez del Valle recuerda cómo ha aplicado de forma reiterada el Tribunal Supremo el delito de coacciones del art. 172 del Código Penal: no solo comprende la violencia psíquica -esto es, la intimidación- sino que abarca la fuerza ejercida sobre cosas, en la medida en que anticipa la intención de utilizar la fuerza física. Quien golpea mi vehículo con un palo metálico muestra su disposición a utilizarlo contra mí: no ejerce contra mí fuerza física, pero me intimida mostrando su capacidad de hacerlo para coartar mi libertad. Por tanto, la cuestión no es la fuerza en sí, sino que ésta –sea fuerza física o intimidación- afecte sustancialmente a mi libertad.

Y continúa:

«este concepto de violencia es, a mi juicio, el que ha de ser utilizado en la rebelión, precisamente por el significado del delito. El delito de rebelión castiga, en el apartado 5º del art. 472 CP, la puesta en peligro grave del orden constitucional en cuanto afecta a la integridad territorial. Pero no se trata solo de una infracción formal: este delito protege la puesta en peligro de la libertad de los ciudadanos que, ante quienes declaran la independencia, quedan indefensos sin poder oponerse a esta declaración. Esta puesta en peligro no existiría, por ejemplo, si en la sede de un partido político los dirigentes de ese partido declarasen la independencia de una parte del territorio nacional; el riesgo existe, sin embargo, cuando esto se hace desde el poder político y con aquellos instrumentos que son propios del poder político, como es el uso de la fuerza. Por tanto, si quien declara la independencia lo hace en uso del poder político y no renuncia a las herramientas de fuerza que posee, e incluso las exhibe de forma que muestra a los ciudadanos cuáles son las consecuencias de la oposición a las intenciones de quienes se alzan en rebelión, utiliza la violencia exigida para la rebelión.

En ese sentido, es coherente la referencia de la querella al “potencial efecto intimidatorio” de los Mossos d’Esquadra, aunque requiere una explicación adicional. A mi juicio, no es la mera existencia del cuerpo policial la que implica intimidación, sino la exhibición pública de su empleo con parcialidad política en la consulta del 1 de octubre por parte del Gobierno de la Generalitat. Las órdenes generales de actuación de los Mossos d’Esquadra tenían ese sentido. Incluso las actuaciones de algunos mossos en apoyo de quienes organizaban una consulta que se oponía a una resolución del Tribunal Constitucional y su difusión mostraban que esto estaba permitido, porque los mandos políticos habían decidido la alineación política de una fuerza de Policía. La consecuencia es clara: el poder político, que no era otro que el Gobierno de la Generalitat, exhibía ante los ciudadanos discrepantes su hegemonía sobre quienes tienen la reserva del uso de la fuerza y su disposición a utilizarla para proteger la declaración de independencia.»

Pues resulta bastante claro: «la violencia del delito de rebelión comprende la intimidación, y en este caso existió«.

Nada que añadir, señoría.

Dolça i fonamentada Catalunya…

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