La intimidación es violencia psíquica, y la ejerció la Generalitat al usar a los Mossos contra los ciudadanos que cumplen las leyes.

Refiriéndose a las querellas presentadas por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ante el Tribunal Supremo -en el caso de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de otros aforados- o la Audiencia Nacional, en el caso de Carles Puigdemont y de algunos que fueron miembros de su Gobierno, Carlos Pérez del Valle (exrector de la Universidad Abat Oliba y catedrático de Derecho Penal) explica en El Debate de Hoy por qué hubo delito de rebelión:

La Fiscalía los acusa de un delito de rebelión y, en el caso de que no se considerase procedente, de un delito de sedición o de conspiración y proposición para la rebelión; y de un delito de malversación de fondos públicos. De admitirse la acusación de rebelión, según se indica en la querella, absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación, que habrían sido instrumentales para la rebelión y, por tanto, estos últimos no serían castigados.

En el centro del debate se encuentra la exigencia de violencia en la rebelión: el art. 472.5º del Código Penal castiga a quienes “se alzaren violenta y públicamente” para “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Por tanto, si se negara la violencia, no podría haberse incurrido en el comportamiento previsto como delito. Por esa razón, la querella de la Fiscalía incide especialmente en esta cuestión y argumenta en torno a dos aspectos: que la violencia no es solo fuerza física, sino que incluye la intimidación, que existiría cuando las dimensiones del alzamiento implican su capacidad intimidatoria; y que la violencia requerida para la comisión del delito abarca también la muestra de disposición a utilizar la fuerza ante la resistencia frente alzamiento. (…)

Creo necesario recordar cómo ha aplicado de forma reiterada el Tribunal Supremo el delito de coacciones del art. 172 del Código Penal (quien “impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto”), que no es precisamente un tipo penal discutido en el ámbito de la política: no solo comprende la violencia psíquica -esto es, la intimidación– sino que abarca la fuerza ejercida sobre cosas, en la medida en que anticipa la intención de utilizar la fuerza física. Quien golpea mi vehículo con un palo metálico muestra su disposición a utilizarlo contra mí: no ejerce contra mí fuerza física, pero me intimida mostrando su capacidad de hacerlo para coartar mi libertad. Por tanto, la cuestión no es la fuerza en sí, sino que esta –sea fuerza física o intimidación- afecte sustancialmente a mi libertad.

Este concepto de violencia es, a mi juicio, el que ha de ser utilizado en la rebelión, precisamente por el significado del delito. El delito de rebelión (…) protege la puesta en peligro de la libertad de los ciudadanos que, ante quienes declaran la independencia, quedan indefensos sin poder oponerse a esta declaración. (…) el riesgo existe, sin embargo, cuando esto se hace desde el poder político y con aquellos instrumentos que son propios del poder político, como es el uso de la fuerza. Por tanto, si quien declara la independencia lo hace en uso del poder político y no renuncia a las herramientas de fuerza que posee, e incluso las exhibe de forma que muestra a los ciudadanos cuáles son las consecuencias de la oposición a las intenciones de quienes se alzan en rebelión, utiliza la violencia exigida para la rebelión. (…)

A mi juicio, no es la mera existencia del cuerpo policial [Mossos] la que implica intimidación, sino la exhibición pública de su empleo con parcialidad política en la consulta del 1 de octubre por parte del Gobierno de la Generalitat. Las órdenes generales de actuación de los Mossos d’Esquadra (…) tenían ese sentido. Incluso las actuaciones de algunos mossos en apoyo de quienes organizaban una consulta que se oponía a una resolución del Tribunal Constitucional y su difusión mostraban que esto estaba permitido, porque los mandos políticos habían decidido la alineación política de una fuerza de Policía. La consecuencia es clara: el poder político, que no era otro que el Gobierno de la Generalitat, exhibía ante los ciudadanos discrepantes su hegemonía sobre quienes tienen la reserva del uso de la fuerza y su disposición a utilizarla para proteger la declaración de independencia.

La conclusión tras estas reflexiones es, desde mi punto de vista, clara: la violencia del delito de rebelión comprende la intimidación, y en este caso existió. (…) Lo que explica que la intimidación esté comprendida en el delito es quiénes son víctimas de esa intimidación: los ciudadanos que cumplen las leyes y a los que arrastra la independencia declarada con la fuerza del poder».

En Fuigdemont es fa un tip de parlar de pau, bon rotllo i democràcia. Adivina por qué ¿verdad? Pero de la intimidación que causó en los ciudadanos el uso político de los Mossos no diu ni pio. Esperemos que se lo recuerde el Fiscal.

Dolça i violentada Catalunya…

Categories: Dando el golpe, Pura raça

Tags: Carlos Pérez del Valle, catalan nationalism, Dolça Catalunya, dolcacatalunya, Mossos d'Esquadra, Nacionalismo catalán