Eso de «de la ley a la ley» que nos vende la Gene es una mentira descomunal, dice la profesora.

Teresa Freixes fue profesora de Quico Homs, Josep Rull (el que anunciólaindependència en una salita de la ONU) y unos cuantos más de los que hoy mandan en CDC (o como se llame) y en los 90 eran conocidos en La Vanguardia como el grupo de “los talibanes”. Freixes es profesora de Derecho Constitucional, catedrática Jean Monnet y directora del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UAB. Y es Dolça de Bronce desde que propinó esta lección antológica a su desaprovechado alumno Quico Homs sobre la permanencia de una Cataluña separada en la UE:

Ara la catedràtica ens explica a El Mundo que las «lleis de transició» i la «constitució» nacionalista (conocida como La Vidala porque su esbozo lo hizo el juez Vidal jugando al dominó con «un grup d’amics», y donde se dice que los catalanes nacidos después de 1977 no podrán hablar castellano) son ilegales, y que a quienes incumplan la ley de todos se les va a caer el pelo:

«Se pretende extender la idea de que, una vez proclamada la independencia de Cataluña (…) dejarán de aplicar las normas estatales vigentes ahora mismo, para pasar a aplicar las nuevas normas ipso facto: De la Ley… a la ley. (…) Intentan, con esta «metodología», hacer creer a quien no conoce bien estas cuestiones, que no va a haber ningún vacío jurídico derivado de la proclamación de independencia (…)

No tienen en cuenta (…) que los sistemas jurídicos, en todo el mundo civilizado, se basan, para ser legítimos, en la elección de los legisladores primarios y, para formar el sistema, en dos grandes principios: el de jerarquía y el de competencia. (…) el Derecho tiene un orden jerárquico y competencial preestablecido, de manera que una norma se ha producido correctamente si ello se ha realizado de conformidad con otra norma anterior que habilita su producción, en procedimiento y en contenidos. Dentro de esa jerarquía, en los Estados de doble nivel de ordenamientos (como los federales o nuestro Estado autonómico), la norma es correcta si, dentro del entramado jerárquico, es producida por el ente que tenga competencia para ello.

¿Cuál es nuestra regla de reconocimiento, nuestra norma suprema, a la que las demás están sujetas, en jerarquía y competencia? Esa regla de reconocimiento, esa norma suprema es la Constitución de 1978 (…)

¿Tendría fundamento constitucional la Constitución de la República catalana aprobada por el Parlament de Cataluña en un acto de ruptura con el sistema constitucional español? No lo tendría ciertamente. Sería una norma ilegítima, e ilegal por anticonstitucional, que no podría ser aplicada ni se podría exigir a nadie que la obedeciera, pues no existe obediencia debida a las normas o actos contrarios a la Constitución y/o a la ley vigente. Quienes pretendieran aplicarla, directamente o, en su caso, mediante la interposición de una ley de desarrollo, incurrirían directamente en responsabilidad jurídico / administrativa o penal, según fuera el caso. Ello es especialmente sensible para el caso de los funcionarios, cuando sus superiores jerárquicos pretendieran obligarles al acatamiento y/o aplicación de tal normativa, ilegítima por anticonstitucional. El Estado, sus autoridades, tendrían que estar especialmente atentos a ello (…)

Mossos d’Escuadra, administrativos, juristas, etc. están sujetos a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a las leyes que los desarrollen. Y la infracción de las mismas los sujeta a responsabilidad, sin que puedan aducir que están obedeciendo órdenes para eximirse de ella. (…)

El Parlament de Cataluña no tiene ninguna competencia legal, estatutariamente o constitucionalmente reconocida para la elaboración y aprobación de una Constitución. (…) «De la Ley a la ley» es, pues, una falacia, un contrasentido jurídico, sin validez jurídica alguna.

Sus promotores harían mejor en decir directamente que lo que pretenden es saltarse la Constitución, dar un auténtico golpe de Estado contra la democracia y declararse en rebeldía. Que quieren, unilateralmente, romper con la Constitución y con la legalidad. Que no les vinculan las reglas de la democracia que rigen en los Estados de nuestro entorno desde que los fascismos y los totalitarismos fueron derrotados tras la Segunda Guerra Mundial. Que los principios del Estado de Derecho, de la democracia y del respeto a los derechos y a la igualdad, constitucionalmente reconocidos en las constituciones democráticas del mundo libre similares a la nuestra, no constituyen referentes válidos para ellos. Sería mejor que lo dijeran claramente, para que la ciudadanía supiera a qué atenerse. (…)

El Estado de Derecho, democrático y social, que es el reconocido por la Constitución, contempla las consecuencias jurídicas que tal transgresión produciría, ya sea mediante la aplicación de las normas administrativas, del Código Penal o de los procedimientos de garantía constitucional. Porque el Estado de Derecho goza de toda la legitimidad para poder hacerlo. Aquí y en cualquier otro Estado democrático».

Sembla clar, oi sr. Rajoy? El chiringuito legal nacionalista es ilegal, aplicar la ley es normal, y hay que castigar a quienes se la saltan. ¿Ya ha enviado la vespa amarilla de Correos con la carta de inhabilitación + multa + supensión de sueldo a los funcionarios que se la saltaron en el 9-N? ¿Y a los directores de colegio que incumplen la ley de educación? ¿Ya ha avisado por carta a todos los funcionarios de las consecuencias que puede tener su pasotismo legal?

Pues ande, apague el puro y a trabajar, que hoy empieza el cole.

Dolça i totalitària Catalunya…

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